domingo, 25 de julio de 2010

La Comunidad Internacional y la Crisis Colombo-Venezolana


Como era de esperar, esta semana el tema obligado al que hay que referirse es la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela.
Este episodio, es uno más de la novela eterna de amor y odio que existe entre Colombia y Venezuela, y empezó por un arranque, poco adecuado desde el punto de vista diplomático, por parte del presidente saliente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, quien decidió convocar a una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar que en Venezuela no sólo había campamentos de las FARC sino presencia de cabecillas de las FARC con el consentimiento del gobierno Venezolano que parece no hacer nada al respecto.
La dichosa Asamblea Extraordinaria se llevó a cabo, Colombia presentó sus pruebas mientras los demás Estados Miembros decidieron no pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguno de los dos países y exhortarlos a una solución negociada del conflicto. La respuesta de Venezuela fue romper relaciones con Colombia, en otro acto diplomáticamente inapropiado (sobretodo si se tiene en cuenta la presencia de Maradona en ese momento crucial), y no permitir la entrada a su territorio de una comisión de verificación de la Organización Internacional (OI).
Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Por qué ambos presidentes no son capaces de sentarse a dialogar y no han hecho sino atropellar los principios diplomáticos, llevándose por delante las relaciones comerciales, además de las raíces históricas y culturales que unen a sus pueblos? La respuesta a esa pregunta es muy fácil, ambos presidentes se han preocupado más por la política interna y la opinión pública de sus países que por la política exterior para ganarse el apoyo de sus pueblos y su perpetuación en el poder, es decir, se han preocupado más por agrandar su propio ego a expensas de las relaciones con los demás países, en particular sus países vecinos, en un mundo en el que la llamada interdepencia de la que hablan, Keohane y Nye, es una realidad que no puede ser dejada de lado.

Más allá de eso, muchos compatriotas colombianos, y supongo que muchos opositores Venezolanos, se preguntan por qué a pesar de las pruebas y de la denuncia hecha ante la OEA, la comunidad internacional y en particular los países amigos de Colombia, a excepción de Estados Unidos, han decidido asumir esa actitud pasiva y reservada al respecto, y por qué no obligan a Venezuela a dar explicaciones y respuestas tanto a Colombia como a la Comunidad Internacional.
El tema es bastante complejo, y no creo poder hacer un análisis exhaustivo en una entrada del blog, pero haré lo posible por abordar las razones principales.
A partir de la llamada Paz de Westfalia en 1648, se aceptó que una característica inherente a los Estados es la Soberanía y con ella se aceptó la no intervención de los demás países en los asuntos internos de cada estado soberano. Este principio de no intervención ha hecho parte, desde ese entonces, de los principios básicos de las Relaciones Internacionales y en particular del Derecho Internacional, transfiriéndose así a las Cartas o manuales de operación de las Organizaciones Internacionales y Organismos Multilaterales como la ONU y la misma OEA, lo que impide que otros países interfieran en los asuntos internos de los demás. Todo lo anterior quiere decir que ni la OEA ni la ONU ni los demás países pueden obligar a Venezuela a que acepte operaciones de una comisión de verificación en su territorio, la entrada de esta comisión DEBE ser autorizada por el país en cuestión para no incurrir en violaciones a la soberanía y evitar un conflicto armado, autorización que Venezuela no dió. La alternativa que tendrían las OIs y la Comunidad Internacional sería inducir, por no decir forzar, la aceptación de Venezuela de dicha comisión mediante mecanismos de presión, que generalmente incluyen medidas como embargos económicos y sanciones, pero es obvio que la misma condición de interdependencia hace poco probable que los demás países quieran perjudicar sus propias economías para apoyar a Colombia, y ello incluye a Estados Unidos, que todos sabemos que depende en gran medida de las importaciones de petróleo desde Venezuela.
Intervenir a la fuerza es obviamente una posibilidad demasiado remota.
Históricamente las OI, en particular la ONU, sólo ha decidido intervenir sin el consentimiento del país en pocas ocasiones y lo ha hecho haciendo uso del Capítulo VII de la carta aduciendo razones humanitarias, pero para que esto ocurra tiene que existir una crisis humanitaria o un peligro real para la seguridad de la humanidad, como por ejemplo la acumulación de armas de destrucción masiva, o actos terroristas como los del 11 de Septiembre, lo cual tampoco es el caso. A esto hay que sumarle que Colombia nunca ha aceptado ante la Comunidad Internacional que en su territorio hay un conflicto armado interno, el discurso que se maneja oficialmente (sobretodo desde el gobierno Uribe), y el único permitido, es que en Colombia lo que hay es grupos terrorista al margen de la ley, lo cual también le quita herramientas a la Comunidad Internacional para ayudar a Colombia. En conclusión no hay razones de peso sufiente para que la Comunidad Internacional se comprometa con la causa colombiana, y así fuera el caso y se cumplieran las condiciones necesarias para ello, estas acciones en el caso específico de la ONU, que es la única OI con las facultades reales para intervenir, no se ejecutan a menos que sean aprobadas por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo cual tampoco va a pasar, porque al final siempre entra en juego un último ingrediente y es la voluntad política de los países, voluntad que por ahora sólo la ha tenido Estados Unidos. En fín,en derecho internacional como en diplomacia, el protocolo a seguir es que el principio que prima es el de la no intervención y el respeto de la soberanía por encima de cualquier otro (a excepción de las crisis humanitarias y en casos de violaciones al Derecho Internacional Humanitario),primero se contempla el diálogo y como última opción la intervención directa.

Por otro lado muchos aducirán, como mi amiga Gloribett, que los convenios internacionales obligan a los países a perseguir terroristas y que Venezuela hace parte de la Interpol y tanto Iván Marquez, Rodrigo Granda, Timochenco y Jesús Santrich tienen circular roja de ese organismo internacional, pero también es cierto que Venezuela puede aducir que no tenía ni idea de esas pruebas y también es cierto que aunque se han tomado medidas para combatir el terrorismo hay un vacío teórico muy grande que afecta la práctica de la lucha antiterrorista y es que no hay una definición única y ampliamente aceptada de terrorismo, este vacío académico es tema de estudio de varios inyternacionalistas como Walter Laqueur y Michael Walzer. Ello es de suma importancia porque, aunque es ampliamente utilizado, el término mismo o mejor dicho las varias definiciones existentes son bastante ambiguas y hasta peligrosas, y es por ello que se prestan a manipulacíón e interpretaciones diferentes, por ello se presentan cosas como el hecho de que, para algunos, grupos al margen de la ley como las FARC podrían no ser considerados como terroristas sino como grupos beligerantes, así como grupos beligerantes o la simple oposición podrían ser tildados de terroristas sin realmente serlo; esa es otra de las causas de la prudencia que manifiesta la Comunidad Internacional en este tipo de cuestiones.

Si me preguntan mi humilde opinión, el asunto no va a pasar de denuncias a nivel internacional que no van a tener eco en la Comunidad Internacional y que no van a comprometer ni a la OEA ni a la ONU lo cual va a dejar la solución de esta crisis en manos de los gobiernos de ambos países que tendrán que sentarse a dialogar con la ayuda de la intervención de una tercera parte que cumpla funciones de mediador entre ambos países y logre sentarlos a la mesa de diálogo.



Agradecimiento especial a mi profe de Resolución de Conflictos Carlo Nasi.

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